Prisión domiciliaria y primera infancia

Tweet

Existe una realidad menos común, pero que es necesario mirar: la de las niñas y los niños pequeños que viven con uno de sus cuidadores bajo régimen de prisión domiciliaria. Esta medida judicial, que permite que la persona cumpla su condena en su hogar en lugar de en un centro penitenciario, es una forma de evitar que los niños pierdan el cuidado cotidiano de su madre o padre. Sin embargo, por sí sola no garantiza las condiciones necesarias para su desarrollo. En la práctica, el seguimiento estatal suele concentrarse en el cumplimiento de la medida penal, mientras que las necesidades de desarrollo, crianza y acceso a servicios de estas niñas y niños quedan, muchas veces, invisibilidades.

Sabemos que los primeros años de vida son una etapa decisiva para el desarrollo.  La evidencia muestra que intervenir en esta etapa —especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como los que viven estos niños y niñas— es una de las inversiones más costo-efectivas que pueden realizar las políticas públicas. La pregunta, entonces, es: ¿cómo aprovechar este contexto para llegar oportunamente a estas familias y apoyar el desarrollo de los niños y las niñas?

En la Ciudad de Buenos Aires, con apoyo del BID, se diseñó un programa que busca responder precisamente a ese desafío.

Un programa para el desarrollo infantil en contextos vulnerables

Este programa, que se encuentra en su fase piloto, busca promover el desarrollo integral de niñas y niños que viven con uno de sus cuidadores bajo prisión domiciliaria. Para ello, combina tres componentes:  la promoción del desarrollo infantil temprano,  el fortalecimiento de las prácticas de crianza y  la articulación entre actores de los sistemas de justicia, salud y protección social.

El programa adapta el modelo Reach Up, una estrategia de apoyo a la crianza desarrollada originalmente en Jamaica y con gran respaldo de evidencia a nivel internacional. Basado en visitas domiciliarias y actividades estructuradas de juego e interacción, Reach Up fortalece las capacidades de madres, padres y cuidadores para favorecer el desarrollo cognitivo, emocional y del lenguaje en la primera infancia.

La adaptación implementada en la Ciudad de Buenos Aires lleva este modelo a un contexto particularmente desafiante: hogares que enfrentan simultáneamente vulnerabilidad social, aislamiento institucional y una medida penal. Incorpora, además, una estrecha coordinación entre las instituciones que acompañan a estas familias.

En América Latina y el Caribe, donde se estima que 18 millones de niños menores de 5 años viven en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo, los programas de apoyo a la crianza han demostrado ser una de las intervenciones más efectivas para mejorar el desarrollo infantil temprano. A través de sesiones estructuradas, basadas en el juego, ayudan a madres, padres y cuidadores a: mejorar la calidad de las interacciones con sus hijos, promover el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas, fortalecer vínculos afectivos seguros que favorecen el aprendizaje y el bienestar.

La evidencia es consistente: este tipo de intervenciones genera mejoras significativas en el desarrollo infantil desde los primeros meses de implementación y sus beneficios pueden mantenerse a lo largo de la vida.

Adaptar la evidencia a contextos complejos

Uno de los principales desafíos de este piloto fue justamente adaptar un modelo probado a una realidad muy distinta de aquella para la que fue concebido. La intervención se desarrolla en hogares en los que existe una medida judicial en curso, donde las redes de apoyo suelen ser limitadas y la articulación institucional es más compleja.

Por eso, el diseño del programa fue el resultado de un trabajo conjunto entre organismos públicos, equipos técnicos especializados, actores del sistema judicial, y el BID. Este proceso permitió adaptar elementos clave del modelo, como las visitas domiciliarias, los materiales de juego y el esquema de acompañamiento, a las particularidades del contexto sin perder los elementos que sustentan su efectividad.

Asimismo, el piloto incorpora un componente explícito de articulación con el sistema de protección social para identificar de manera temprana posibles situaciones de vulneración de derechos y facilitar el acceso de las familias a servicios que necesitan.

Una política de primera infancia y de prevención

Aunque este tipo de iniciativas suele pensarse desde la óptica de la protección de derechos, su alcance puede ser mucho mayor. La evidencia muestra que intervenir tempranamente en estos entornos de crianza puede contribuir a reducir factores de riesgo asociados a trayectorias futuras de exclusión, violencia y contacto con el sistema penal. Programas como este no solo mejoran las condiciones de desarrollo infantil en el presente, sino que también pueden actuar como herramientas de prevención intergeneracional.

Invertir en los primeros años, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, permite: fortalecer las capacidades de los cuidadores, mejorar la calidad del entorno y reducir desigualdades que, de otra manera, tenderían a amplificarse con el tiempo.

Primeros pasos de una agenda innovadora

El programa ya se encuentra en marcha. Durante junio se llevó a cabo la capacitación de facilitadoras, a cargo de equipos especializados, y se espera que las visitas domiciliarias comiencen en agosto.

Este piloto representa un primer paso importante para explorar nuevas formas de intervención en contextos poco abordados por las políticas públicas. Y, a medida que el programa avance, generar evidencia sobre su implementación, sus desafíos y sus resultados será clave para informar decisiones futuras.

Porque detrás de cada expediente judicial, muchas veces, hay también un niño o una niña en una etapa decisiva de su desarrollo. Reconocer esa realidad y actuar a tiempo puede marcar una diferencia que trascienda la duración de una condena y acompañe a esa infancia durante toda la vida.

Autor:Editorial