Las poblaciones indígenas en Ecuador, Panamá y Belice

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Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un momento para celebrar sus invaluables contribuciones a la economía, la cultura y el desarrollo y, al mismo tiempo, llevar a cabo acciones que cierren las significativas brechas de inequidad a las que se enfrentan.

América Latina es hogar de 826 pueblos indígenas; de ellos, 200 permanecen en aislamiento voluntario, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En total, se estima que 58 millones de personas indígenas viven en la región, lo que representa el 9,8 % de la población total. El 87 % de ellas se concentra en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia.

Estudiar la situación demográfica y las características de los pueblos indígenas es el primer paso para derribar barreras y garantizar que los derechos sean ejercidos plenamente por todas las personas sin dejar a nadie atrás.

El Análisis de Situación de Población (ASP) es una herramienta estratégica que el UNFPA implementa desde hace más de dos décadas para generar evidencia sobre dinámicas sociodemográficas, identificar brechas en el acceso a derechos y orientar políticas públicas inclusivas. En ese sentido, los estudios Análisis de la Situación de la Población Indígena: Más allá de los números y las desigualdades interseccionales, realizados por el UNFPA en Ecuador, Panamá y Belice, ofrecen evidencias valiosas para avanzar en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y la formulación de políticas públicas inclusivas.

Estos países fueron seleccionados por representar regiones geográficas diversas: Sudamérica (Ecuador), Centroamérica (Panamá) y el Caribe continental (Belice). Además, cuentan con poblaciones indígenas significativas que enfrentan contextos diferenciados de exclusión, lo cual permite visibilizar brechas estructurales y oportunidades de acción en distintos escenarios de la región.

Diversidad demográfica y desafíos estructurales

La complejidad y profundidad de los hallazgos evidencian cómo la identidad indígena, en interacción con el territorio de residencia (urbano, rural o ancestral), configura de manera estructural las desigualdades en el acceso a derechos, condiciones de vida y oportunidades de desarrollo.

Según los censos más recientes, en Ecuador (2022), el total de la población indígena es de 1.319.196; en Panamá (2023), 698.114; y en Belice (2022), 62.396 personas.

En Ecuador, la población indígena presenta una estructura marcadamente más joven que la no indígena, con un 38,3 % de personas menores de 15 años frente al 23,8 % en el grupo no indígena. En Panamá, se observa una situación similar: un 40 % de la población indígena es menor de 15 años, en comparación con el 22 % en el caso de la no indígena. En Belice, aunque el proceso de transición demográfica está más avanzado en ambos grupos, la población indígena mantiene una base etaria más amplia: el 36 % tiene menos de 15 años, frente al 29 % en la población no indígena.

En Ecuador, la proporción de personas mayores de 60 años es más alta en la población no indígena que en la indígena. Esta diferencia sugiere una mayor esperanza de vida y un mejor acceso a servicios de salud en el grupo no indígena. En Panamá, la proporción de personas mayores indígenas está aumentando y se observa un proceso de envejecimiento poblacional, lo cual refleja un aumento en la esperanza de vida, aunque esta sigue siendo baja en comparación con la población no indígena.

En Panamá, la población no indígena se encuentra en una fase avanzada del bono demográfico, caracterizada por una alta proporción de personas en edad de trabajar en relación con la población dependiente. En contraste, la población indígena, aunque presenta una base etaria joven que sugiere un potencial inicio de este bono, enfrenta barreras estructurales,como el acceso limitado a educación, salud y empleo formal, que dificultan su aprovechamiento pleno. Por otra parte, en Ecuador, los datos revelan que las poblaciones indígenas aún no ingresan plenamente en la fase del bono demográfico, o lo hacen de forma limitada, debido a una alta carga de dependencia y persistentes condiciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales y amazónicas.

En el caso de Belice, la estructura poblacional también muestra una proporción elevada de personas jóvenes en los grupos indígenas. Esto resalta la importancia de incorporar enfoques diferenciados que permitan anticipar escenarios demográficos y reducir desigualdades estructurales a través de inversiones sostenidas en educación, salud y empleabilidad.

Derechos sexuales y reproductivos en contextos de exclusión

En Panamá, las poblaciones indígenas presentan tasas globales de fecundidad (TGF) significativamente más altas que las no indígenas, especialmente en las zonas rurales. Mientras que la TGF para la población no indígena es de 2,2 hijos por mujer, la población indígena alcanza una TGF de 4,6. Este patrón se intensifica en contextos rurales y comarcales, donde las brechas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son mayores.

Una situación similar se observa en Ecuador, donde la TGF de la población indígena es de 3,1 hijos por mujer, en comparación con 1,8 en la población no indígena. En Belice, aunque se ha registrado una reducción sostenida en los niveles de fecundidad entre 2010 y 2022, persisten diferencias entre grupos: la TGF pasó de 3,9 a 2,7 en la población indígena, y de 2,8 a 1,9 en la no indígena.

Estas diferencias son una señal clara de desigualdad estructural. Diversos estudios en América Latina han evidenciado que las diferencias en cuanto a fecundidad entre grupos étnicos suelen estar asociadas a obstáculos persistentes en el acceso a métodos anticonceptivos modernos, a servicios de salud interculturalmente pertinentes y a información adecuada para ejercer derechos sexuales y reproductivos de forma libre y autónoma.

Tanto en Ecuador como en Panamá, las adolescentes indígenas presentan niveles significativamente más altos de fecundidad en comparación con las adolescentes no indígenas, lo que indica desigualdades estructurales en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Estas desigualdades están mediadas, además, por el contexto urbano o rural en el que viven. En el caso de Belice, aunque se observan avances en la reducción de la fecundidad adolescente en ambas poblaciones, esta ha descendido menos en la población no indígena.

La mortalidad en la población indígena en los tres países refleja profundas desigualdades y condiciones de vulnerabilidad.  En cuanto a la mortalidad materna, las mujeres indígenas enfrentan mayores riesgos, ya que la atención prenatal y obstétrica a la que tienen acceso es deficiente. En el caso de la mortalidad infantil, las tasas también son consistentemente más altas en la población indígena.

Educación, trabajo y condiciones de vida

Más allá de las diferencias específicas por país, los análisis muestran patrones comunes de desigualdad estructural que afectan múltiples dimensiones del bienestar de las poblaciones indígenas.

En el ámbito educativo, persisten brechas significativas. Las mujeres indígenas, especialmente en áreas rurales, enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación secundaria y terciaria. Estas limitaciones, sumadas a la exclusión tecnológica, restringen su desarrollo personal y profesional, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.

Además, las poblaciones indígenas se encuentran mayormente excluidas de los empleos formales en el sector privado y público, lo que conlleva una alta dependencia del empleo informal y de baja calidad, el autoempleo y el trabajo familiar no remunerado.

Las mujeres indígenas, particularmente en áreas rurales, participan en actividades de subsistencia y trabajo no remunerado dentro del hogar, mientras que los hombres se concentran en ocupaciones de baja calificación y con poca representación en ocupaciones técnicas y profesionales en comparación con la población no indígena. Estas formas de empleo están ligadas a la falta de protección social.

Las condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos son igualmente alarmantes. La falta de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad, junto con altos niveles de hacinamiento, evidencia la necesidad urgente de mejorar la infraestructura y los servicios en estas poblaciones.

Además, los hogares indígenas presentan una menor tenencia de bienes y servicios que contribuyen al bienestar y desarrollo, como computadoras, Internet y electrodomésticos básicos. Esto no solo indica restricciones financieras, sino también una limitada accesibilidad a la infraestructura necesaria para adquirir y utilizar estos bienes, lo que afecta sus oportunidades de progreso educativo y laboral.

En el caso de las personas indígenas con discapacidad, la desventaja es doble: enfrentan mayores tasas de analfabetismo y exclusión laboral, particularmente las mujeres. Esta situación demanda políticas públicas focalizadas que promuevan una verdadera inclusión social y económica.

En conclusión, los estudios realizados ponen de manifiesto la necesidad urgente de políticas públicas que aborden estas desigualdades desde un enfoque interseccional. Esto incluye garantizar el acceso equitativo a la educación, reducir la fecundidad adolescente mediante programas integrales de salud sexual y reproductiva, promover la inclusión en el mercado laboral formal, expandir la cobertura de los sistemas de protección social y mejorar la calidad de los servicios de salud en las áreas rurales. Reconocer y priorizar las necesidades de la población indígena es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva en estos tres países y, en general, en toda la región.

Autor:EDITORIAL