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Cuando las niñas y adolescentes tienen acceso a entornos favorables y seguros y pueden acceder a información, educación y servicios, se preparan mejor para tomar decisiones autónomas y ejercer sus derechos.
En América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, las niñas y adolescentes enfrentan graves problemas relacionados con la violencia sexual, los embarazos adolescentes y los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF), lo que les impide disfrutar su presente y su futuro.
La disminución de los MUITF se ha dado únicamente en los quintiles de riqueza más altos, evidenciando que las niñas rurales, en situación de pobreza, y con menor acceso a la educación –a menudo niñas afrodescendientes e indígenas– tienen mayor riesgo de uniones antes de los 18 años.
Las uniones tempranas no son una costumbre o una tradición cultural, sino consecuencia de la desigualdad, la discriminación, la pobreza, el sexismo y el adultocentrismo.
En ALC solo el 72% de las adolescentes de 15 a 19 años tienen cubiertas sus necesidades de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos. Se estima que, de todos los nacimientos, casi el 18% corresponden a mujeres menores de 20 años y que el 74% de los embarazos en adolescentes no son planeados
Las niñas que se convierten en madres a una edad temprana corren un mayor riesgo de morir al dar a luz, alcanzan menos años de escolarización, se incorporan antes al mercado laboral y, por lo general, en empleos más precarios, reproduciendo así el ciclo intergeneracional de la pobreza y la violencia.
El embarazo en adolescentes también repercute en la economía de los países y el desarrollo sostenible. Considerando las pérdidas socio-económicas en términos de gastos sanitarios, años de educación perdidos, ingresos de las mujeres e ingresos fiscales, se estima un costo de 0,38% del PIB.
35% de los embarazos en adolescentes fueron precursores de uniones y matrimonios infantiles, y a su vez 45% de las uniones y matrimonios infantiles fueron precursores de embarazos en adolescentes.
Por otra parte, en nuestra región, la violencia sexual contra niñas y adolescentes alcanzan al 18%. Además, hay un gran subregistro de estos casos, debido a su naturalización sostenida por normas sociales y de género nocivas (actitudes hostiles, incrédulas y estigmatizantes hacia las sobrevivientes) que las disuaden de buscar ayuda.
El UNFPA en ALC promueve los derechos de las niñas y adolescentes, a través de programas integrales y multisectoriales. Apoya a los estados en la implementación de programas de empoderamiento y habilidades para la vida en 8 países; impulsa iniciativas de educación integral de la sexualidad dentro de la escuela en 17 países y fuera de la escuela en 7 países; fortalece servicios de atención integral para adolescentes en salud sexual y reproductiva en 6 países, y servicios esenciales para sobrevivientes de violencia en 12 países. Finalmente, el UNFPA apoya a visibilizar la situación de las niñas y adolescentes a través de datos desagregados y georeferenciados para que los gobiernos puedan implementar políticas públicas basadas en evidencia.
Al mismo tiempo, lanza un llamado a la acción e invita a las instituciones públicas, organismos intergubernamentales, el sistema de Naciones Unidas, la academia, el sector privado y las organizaciones y movimientos de la sociedad civil a seguir abriendo caminos para que existan derechos y opciones para todas las niñas y adolescentes.
“La prosperidad de nuestro futuro común depende de la capacidad de las adolescentes para ejercer sus derechos humanos y alcanzar su pleno potencial” (Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA).